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Gobierno expide Decreto de reforma al Régimen de Insolvencia

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Boletín semanal

Continuando con nuestras entregas nos referiremos al decreto 560 expedido el día de ayer por parte del Gobierno Nacional, el cual, adopto medidas transitorias en materia de procesos de insolvencia, en el marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica. Celebramos su expedición, la cual, responde al llamado que efectuáramos hace dos semanas sobre su imperiosa necesidad.

Lo primero que hay que señalar es que se trata de una legislación excepcional, lo cual, de suyo significa su carácter transitorio (dos años contados a partir de la fecha); lo segundo, que estamos frente a un mecanismo de salvamento y de recuperación de las empresas afectadas por las causas de la actual crisis. Las diferentes medidas adoptadas tienen ese exclusivo objetivo.

Destacamos la regulación frente al presupuesto de admisión al trámite de reorganización referida a la incapacidad de pago inminente. Regulación que demandamos, bajo el entendido que era el supuesto al que la mayor parte de las organizaciones acudirían en el marco de esta crisis para obtener el amparo concursal. En ese sentido, este decreto, suspendió dicho presupuesto por el termino de 24 meses. Bastara entonces que la solicitud mencione que se ampara en la crisis económica por COVID – 19, sin perjuicio de las demás causas económicas que puedan coadyuvarla (arts. 1 y 15).        

En algunos casos se libera la rigidez con que el legislador revistió ciertas actuaciones dentro del trámite concursal. La más destacada, la referida a que el Juez del concurso se abstendrá de efectuar el control de legalidad por vía de auditoría sobre el contenido o exactitud de los documentos aportados con la solicitud ni sobre la información financiera o el cumplimiento de las políticas contables, lo cual será responsabilidad exclusiva del deudor y su contador o revisor fiscal, según corresponda; sin perjuicio de requerir que se certifique que se lleva la contabilidad regular y verificar la completitud de la documentación aportada.

El ámbito expedito se amplía con dos disposiciones. La primera, la posibilidad del pago sin la autorización del Juez, de las acreencias que no superen el cinco por ciento (5%) del pasivo externo de la empresa, tales como, proveedores estratégicos o acreedores laborales. Bastara con informarle, adhiriendo los soportes, dentro de los cinco (5) días siguientes, los desembolsos efectuados y su monto, contando con el visto bueno del promotor designado. La segunda, referida a que el deudor puede vender activos, sin autorización del Juez, en condiciones de mercado, siempre que no estén afectos al giro ordinario de la compañía y el producto de la venta se destine al pago de las pequeñas acreencias antes mencionadas. En todo caso, no se podrá afectar los derechos de los acreedores garantizados v.gr. mediante garantías mobiliarias.

Lo anterior, es conveniente para el mismo proceso, toda vez que, permite descongestionar el trámite de acreedores minoritarios y concentrar los esfuerzos en los acreedores representativos del pasivo de la compañía.

El segundo gran paquete de disposiciones implementan figuras atractivas y si se quiere novedosas, en pro, de la liquidez de la compañía, tales como:

  • La posibilidad de capitalizar pasivos por parte de cualquier acreedor por vía de la suscripción de acciones, cuotas o partes de interés o bonos riesgo y los demás mecanismos de subordinación de deudas que lleguen a convenirse en el acuerdo. Los aumentos de capital que impliquen estas medidas no causaran derechos de registro ante las Cámaras de Comercio.
  • La posibilidad de descarga de pasivos, consistente en que cuando el pasivo del deudor supere su valoración como empresa en marcha, el acuerdo reorganización podrá disponer la descarga de aquella parte del pasivo que exceda la mencionada valoración. Con el fin de evitar abusos se deberá, previamente, efectuar dicha valoración mediante una metodología generalmente aceptada y que cumpla con todos los requisitos señalados en la ley procesal, además, de otros contenidos en el artículo 4 de la normativa en comento. 
  • Por último, se prevé la posibilidad que el deudor pacte en el acuerdo, exclusivamente con los acreedores financieros, pactos de deuda sostenible, que no es más que la restructuración de sus créditos frente a estos. Bastara el visto bueno del 60% de dichos acreedores.  

El tercer gran paquete, refiere a medidas dirigidas a que el deudor obtenga financiación, para el desarrollo del giro ordinario de sus negocios, durante la negociación del acuerdo de reorganización, haciendo parte dichos créditos del acuerdo, lo cual resulta bastante novedoso, frente al régimen ordinario. Habrá que cumplir con una serie de requisitos previstos en el artículo 5 Ibidem.   

En ese sentido quien brinde recursos de financiación tendrán prelación, en la primera clase, frente a la DIAN y a las demás entidades del Estado, quienes, en todo caso, podrán hacer rebajas de sanciones, intereses y capital.

El cuarto paquete, hace relación a la posibilidad de salvar empresas en estado de liquidación inminente, caso en el cual, cualquier acreedor podrá manifestar su interés en aportar nuevos recursos. Caso en el cual se deberá, como en los anteriores, cumplir con el procedimiento establecido en el decreto y deberá, además, efectuarse por el interesado el depósito de la propuesta económica efectuada con el fin de garantizar su seriedad.

El ultimo puñado de medidas se dirige a que las cuotas de los acuerdos de reorganización en ejecución correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de este año, de los deudores afectados por la emergencia, no se considerarán vencidas sino a partir del mes de julio de este año y no terminarán si ocurre un evento incumplimiento de las obligaciones del acuerdo a menos que dicho incumplimiento se extienda por más de tres (3) meses y no sea subsanado en audiencia.

Por último, el decreto establece una serie de herramientas extrajudiciales para lograr acuerdos de reorganización expeditos, las cuales, se resumen de la siguiente manera:

  • Posibilidad de requerirle al juez del concurso una negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización. En otras legislaciones conocida como el pre concurso. Para el efecto se deberá presentar ante el Juez del concurso competente y el termino de negociación es de tres meses. El deudor no podrá hacer pagos por fuera del acuerdo desde la admisión.  
  • Con la presentación de la solicitud se producen los mismos efectos contenidos en el artículo 17 la Ley 1116 2006, pero el Juez del Concurso no podrá ordenar levantamiento de medidas cautelares decretadas y practicadas en procesos ejecutivos o de cobro coactivo, la de recursos administrados por fiducias, la continuidad de contratos, la suspensión del término de negociación, o resolver cualquier otra disputa el deudor y sus acreedores.
  • Vencido el termino para la negociación el Juez convocara audiencia en la cual se confirmará o se negara su confirmación. La confirmación tendrá los mismos efectos de un acuerdo reorganización del régimen ordinario y se impartirán las órdenes del artículo 36 de la Ley 1116 de 2006 y las demás normas pertinentes que correspondan según la naturaleza de negociación de emergencia. caso contrario, se dará aplicación a los efectos indicados para el fracaso de la negociación.
  • Se puede aplazar pago de gastos de administración, salvo obligaciones laborales, ni aportes parafiscales, ni obligaciones de seguridad social; y, 
  • Permite la posibilidad de suscribir acuerdos segmentados por categorías de acreedores.  
  • Permite iniciar un trámite abreviado ante las Cámaras de Comercio, para su posterior validación ante los jueces de Insolvencia. Se precisa que su aplicación se sujeta a la expedición del procedimiento que expida Confecamaras al cual deberán adherir las Cámaras de Comercio

Los aspectos tributarios serán objeto de una segunda entrega el día de mañana.

Luis Enrique Buitrago Garzón

Gerente General

Buitrago & Asociados Abogados Asesores SAS 

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