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Pequeñas insolvencias y reglas de agilidad

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El pasado 3 y 13 de junio el Gobierno Nacional expidió los decretos 772 y 842 de 2020.

El primero de ellos con fuerza de ley lo cual lo coloca junto con la ley 1116/06, la 1429/10 y el decreto 560 de 2020 como el marco legal de insolvencia vigente en el País; el segundo, reglamentario de este último, con el fin de darle aplicabilidad.    

Al igual que el decreto 560 el 772 tiene una vigencia de 2 años y se sustenta en cinco (5) pilares.

El primero, la creación de un régimen especial para pequeñas insolvencias a través de la creación del proceso de reorganización abreviado y el de liquidación judicial simplificado.

En ambos se considerará pequeña insolvencia aquellas personas sujetas de la ley 1116/06 cuyos activos sean inferiores o iguales a cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (5.000 SMMLV).  

El segundo, consistente en medidas dirigidas al trámite expedito de estos procesos de insolvencia, mediante la suspensión del control de legalidad sobre los documentos aportados en la solicitud para que los deudores cuenten con una protección rápida del régimen de insolvencia (temas contables y financieros – completitud); el uso de inteligencia artificial y de herramientas tecnológicas para el procesamiento de la información y el trámite de todos los procesos de insolvencia, incluidos los regidos por la ley 1116/06, la 1429/10  y el decreto 560 de 2020; y, el levantamiento, por ministerio de la ley, de las medidas cautelares practicadas en procesos ejecutivos o de cobro coactivo que recaen sobre bienes distintos a los sujetos a registro, para la entrega directa al deudor por parte del juez que conoce el proceso de ejecución de recursos embargados.

El tercero, la creación de mecanismos para maximizar el valor de los bienes del deudor y la protección de los compradores de vivienda a través de:

(i) La adjudicación en bloque de activos a determinado grupo de acreedores o de la empresa en estado de unidad productiva.

(ii) Que los bienes se puedan transferir a un fideicomiso y adjudicar a los acreedores con vocación de pago, derechos fiduciarios.

(iii) El uso del sistema de martillo electrónico para la venta de activos en el marco de los procesos de liquidación judicial con reglas que facilitan la conversión de los bienes a efectivo.

(iv) Pagos directos a los financiadores de la alícuota del crédito hipotecario por parte de los deudores en reorganización o pago al vendedor con la consiguiente subrogación, para facilitar el levantamiento del gravamen hipotecario y garantizar la posterior transferencia del bien a favor del comprador.

(v) reglas para que dentro del acuerdo de reorganización se respeten los compromisos adquiridos en los contratos de adquisición de vivienda, de manera que, según el avance de obra, se pueda hacer la transferencia de las unidades de vivienda en lugar del reconocimiento de una deuda.

El cuarto, beneficios tributarios en el sentido que, hasta el 31 de diciembre de 2021, las quitas de capital, multas, sanciones o intereses que hagan los acreedores con sus deudores, como parte de cualquier acuerdo de reorganización empresarial, serán consideradas para los deudores como ganancia ocasional para los años 2020 y 2021, las cuales podrán compensar con las pérdidas ordinarias u ocasionales.

Y el quinto ultimo dirigido a extender y suspender normas y otras medidas, consistentes en la suspensión de la causal de disolución por pérdidas y el término para enervarla por dos (2) años contados a partir de la fecha de expedición del decreto; la posibilidad de que los procedimientos de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio se realicen por categorías de acreedores; la condición referida a que para que se confirme el acuerdo de reorganización el deudor debe estar al día con los créditos otorgados conforme el artículo 5 del Decreto 560 de 2020; el fortalecimiento de la lista de auxiliares de la justicia; y, la suspensión del subsidio para el pago de gastos y honorarios en los procesos de liquidación judicial simplificada que no cuenten con activos.

En nuestra próxima entrega nos referiremos a las previsiones del decreto 842 de 2020.

Enrique Buitrago Garzón

Experto en Salvamento Empresarial

Gerente General

Buitrago & Asociados Abogados Asesores SAS